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Community Manager vs. Social Media Manager

Ésta va a ser, sin duda, la historia de un desencuentro entre quienes acumulan años gestionando comunidades y quienes no llegan a meses moviéndose en los Medios Sociales. Espero aportar mi granito de arena para dirimir este tema.

Hace unos días, en un encuentro entre compañeros del Postgrado en Community Management al que fui invitado por Manuel Carrillo, defendía las diferentes labores de un Community Manager (CM) y un Social Media Manager (SMM).

Esta mañana descubro con horror que se ha vuelto a publicar un artículo en un medio tradicional que es incierto en su razonamiento de base, flojo en su defensa aunque correctítismo en cuanto al planteamiento de la visión de una profesión en auge.

Para enfocar la cuestión acudo a un planteamiento que me hizo Adolfo Plasencia hace muchos años, la diferencia sustancial entre grupos y organizaciones “causales” y “casuales”.
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¿En manos de quién estamos?

En los sistemas democráticos aceptamos ceder la responsabilidad de gobierno a los políticos, a los políticos que escogemos en las listas cada cuatro años.
Ese es el lastre que tiene el sistema actual de listas, no puedes elegir al gobernante que quieres. Votando a un partido concreto no ganamos libertad, sino todo lo contrario. Pero ese tema será materia a tratar en otra edición de la serie “Manolete contra el mundo, diario de un tecnoanarquista liberal“.
Hoy quiero centrarme en una práctica (que creo) común en las instituciones públicas, fundaciones y empresas satélite a la administración.

Nuestro voto cada cuatro años no solo implica elegir a un alcalde/presidente, también supone que hay una serie de personas en las listas que, presuntamente, gestionarán una o más áreas concretas en nombre del alcalde/presidente. Hasta ahí sin problemas, sabemos a quien votamos y confiamos en su buen hacer y capacidad para gestionar las áreas que les deleguen.

A simple vista, y desde fuera, parece obvio que, por eficiente que sea, el delegado de un área tiene que echar mano de gente que le ayude a idear y ejecuta proyectos. Es comprensible que cada delegación tenga su dotación de personal y económica y que se autogestione.

El problema, bajo mi punto de vista, llega de la mano de los criterios que se utilizan para incorporar trabajadores temporales (dura cuatro años la legislatura) a los equipos de “gobierno”. Como veo todo esto desde fuera no voy a citar los criterios, pues los desconozco y seguramente fallaría y diría cosas inapropiadas, pero sí que voy a dar mis impresiones sobre lo que se debería hacer.

Censo ElectoralLeo en este artículo en Las Provincias que los asesores del Ayuntamiento de Valencia ya ascienden a alrededor de 50 y que cada uno de estos cobra 57.000 € brutos anuales. Osea más de lo que cobraba un concejal electo hace apenas un par de años.

Eso quiere decir que, a nivel de sueldos y sin contar complementos y bonificaciones por las delegaciones, en Valencia, al votar al Ayuntamiento, estamos votando 33 concejales y 58 asesores (1,5 por concejal electo + 8 para Alcaldía).

Esos asesores no van en las listas, son de libre designación, osea a dedo y cobran lo mismo que un jefe de servicio del Ayuntamiento.

En el caso del Gobierno central se trata de 1041 sueldos entre asesores y altos cargos de los Gabinetes, libre designación de nuevo.

Toda la maraña de altos cargos, directivos y asesores en Ayuntamientos, Diputaciones, Presidencias, Comunidades y el Gobierno, así como las fundaciones anexas, componen una masa de trabajadores que, en la amplia mayoría de los casos, influyen con su trabajo en el devenir del organismo en el que trabajan. Estoy seguro de que aportan su expertise y trabajo con el convencimiento de estar mejorando la sociedad.

El problema llega cuando los nombramientos de los asesores responde a un reconocimiento de méritos en otros ámbitos…

¿Cuántos nombramientos a dedo suponen un reconocimiento al trabajo desarrollado para el partido político correspondiente durante la campaña? ¿Cuántos nombramientos a dedo suponen colocar a un “hijo de” o a un “amigo de”? ¿Cuántos de esas personas renuncian a sueldos superiores en la empresa privada para desempeñar la labor pública? ¿Cuántas de esas personas han trabajado para los partidos con la promesa de esos sueldos?

Pero más importante ¿Cuántas de esas personas son la mejor opción para desarrollar las labores que se le supone a un director de un gabinete de un ministro, un presidente de una fundación o un simple asesor en un ayuntamiento cualquiera?

Señores políticos, no deben ustedes disponer de dinero público, de recursos públicos, para recompensar labores prestadas en otros ámbitos, no deben privar a sus electores de un sueldo que podría atraer a personas preparadísimas hacia la administración pública, al servicio público, que seguro que estarían encantadas de colaborar. Sea cual sea su tendencia política, sea cual sea su grado de compromiso con el partido y sea cual sea el grado de simpatía que se le procese.

¿Porqué no se dice en campaña quiénes van a formar esos gabinetes? Realmente sería interesante saber quién va a colaborar en cada área específica de la gestión pública. ¿Porqué no se buscan dichos profesionales con las herramientas de búsqueda de talento habituales en la empresa privada?

Son preguntas que me planteo casi a diario y a las que no encuentro respuesta. Por eso las planteo aquí.

Nota: no pretendo acusar ni molestar ni personificar ni ofender… tan solo compartir mi forma de pensar.